Buryaile propone un marco legal para que los usuarios sean notificados con antelación en los aumentos de servicios de internet, telefonía y televisión

Con la normativa, el legislador formoseño propone que las compañías deban informar en forma cierta, clara y detallada a los usuarios, con una antelación mínima de 45 días a la entrada en vigencia de cualquier modificación, caso contrario se tendrán por no convenidas.

El diputado nacional Ricardo Buryaile, presentó un proyecto de ley para proteger a los usuarios de los servicios de televisión, teléfono o internet que se enfrentan ante aumentos no informados por las empresas proveedoras al recibir la factura correspondiente.

Con la normativa, el legislador formoseño propone que las compañías deban informar en forma cierta, clara y detallada a los usuarios, con una antelación mínima de 45 días a la entrada en vigencia de cualquier modificación, caso contrario se tendrán por no convenidas.

“Las situaciones que se presentan, varían de acuerdo a las empresas, pero en la mayoría de los casos, los usuarios no son informados de los aumentos de precios y se ven obligados a pagar facturas cada vez más altas por servicios prestados a precios que desconocen”, comentó el diputado.

Buryaile, asegura que como la ley actual no establece un período previo para notificar una modificación de precios al consumidor. En este contexto de alta inflación y ante contratos de larga duración, “las empresas en general no informan los cambios en sus precios o simplemente publican los aumentos en la web, sin notificar a los usuarios, que no tienen más opción que aceptar el aumento o dar de baja el servicio”.

Finalmente, el representante de Formosa recalcó que “actualmente, la Ley de Defensa del Consumidor sólo establece el derecho de los usuarios y consumidores a la información adecuada y veraz, en sintonía con el Artículo 42º de la Constitución Nacional”. Además, agregó: “El proyecto de ley que presentamos materializa este derecho en forma concreta, imponiendo a las empresas la obligación de informar con una antelación mínima y de manera fehaciente cualquier modificación en la prestación de sus servicios”.

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