SADOP Denuncia que el Instituto San Francisco ejecuta despidos violentos e ilegales a Docentes

La secretaria general de SADOP, Lidia Pineda, conversó con FM Espacios, al momento en que se encontraban presentes en inmediaciones al colegio San Francisco, ubicado en el barrio del mismo nombre, explicando que “desde febrero estamos haciendo nuestros pedidos formales para pedir diálogo con el representante legal del Instituto San Francisco, pero aparentemente no hay voluntad de sentarse a discutir cada caso de los docentes que se están quedando sin trabajo”, detallando que “De una manera indirecta, el representante legal está produciendo el despidos” y que en algunos casos, las situaciones particulares “fueron corregidas por el representante legal, pero hace pocos días empezó con la formalidad de hacer firmar contratos, para que luego de un periodo se quedaran sin trabajo y sin indemnización”, denunció.
En la misma línea, Pineda especificó: “el representante legal produjo una ruptura de la continuidad pedagógica de los suplentes, llamando a otros trabajadores a cubrir los cargos; quienes suponían que continuaban en el cargo, se encontraron con que vinieron a trabajar y había otro trabajador en su hora”, lo cual “constituye una práctica de despido encubierta y con un nivel de violencia terrible, al encontrase con otro en su cargo”, dijo; resaltando que se trata de “un despido encubierto”, dado que “la única oportunidad de cese es a la presentación del titular a retomar su cargo, por lo tanto estamos ante despidos violentos y falta de respeto”, enfatizó.
A su vez, Pineda recordó de otros casos de violencia psicológica, ocurridos en la misma institución, los que tienen “un condimento de género”, recordando que “a una compañera se le dijo que no se le iba renovar porque no estaba casada”, lo cual evidencia la condición de alta agresividad “respecto de la situación privada de una trabajadora”.
Finalmente, Pineda informó que ante la situación, “estamos apelando a la mediación a través del departamento de Educación Privada, con un pedido de sanciones económicas a las instituciones que tienen aporte del Estado y violan las leyes despidiendo a las personas”.

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